LAWFARE

En medio de su desesperación, los enemigos del cambio han emprendido una guerra judicial contra el proceso de transformación que vive el país. A esta forma perversa de manipular la justicia y los entes de control se le conoce como lawfare. Pero no es la única forma en la que se expresa esta judicialización de la política. Los medios son parte central de este mecanismo de exterminio político y golpe suave contra un gobierno. Aquí, el hombre se encuentra, como en la obra de Kafka, ante la ley muda, burocrática e inmisericorde y es víctima de un aparato de terror estatal que se encarga de perseguir y aniquilar a los que se atrevieron a imaginar y construir una nueva nación. La guerra judicial y mediática es una manera antidemocrática de asaltar la voluntad popular. Los poderes fácticos pretenden deformar la legalidad a tal punto, que instrumentalizan los mecanismos de la democracia y el Estado de derecho para imponer la dictadura y el fascismo. En Colombia, la derecha está dispuesta a tomar por asalto lo que no es capaz de lograr en las urnas. Es otro paso más en su deriva golpista.

En la siguiente columna de opinión abordaremos algunos de los casos que confirman y pueden ser útiles para exponer la manera en que se está presentando la guerra judicial en Colombia. El primer caso al que habría que hacer referencia es a la persecusión infame y maniática contra el gobernador Carlos Caicedo. La primera pregunta que cabe hacerse es: ¿por qué tanto ensañamiento con el líder de Fuerza Ciudadana? La respuesta salta a la vista. Lo quieren sacar del camino para que no llegue a convertirse en un candidato fuerte para suceder a Gustavo Petro en la presidencia. Así es, la campaña para el 2026 ya empezó y quieren dejar al pueblo sin alternativa. De este modo, los opresores de siempre podrán volver a tomar el poder y hundir al país en algo peor que el pasado. Es obvia la mala fe con la que actúa el ente acusador, convertido en un aparato de persecución y eliminación política. Como ya se hundieron los montajes que pretendían ligar al gobernador del Magdalena con las autodefensas, ahora pretenden inventarle un caso de corrupción y detrimento patrimonial. Lo curioso es que los que verdaderamente son responsables de esa corrupción resultan ser aliados de la derecha uribista. Claro, la Fiscalía también los ha implicado. Pero no sería mal negocio para la derecha sacrificar a unos aliados, con tal de llevarse por delante a una persona que puede llegar a continuar la labor del actual presidente de la República.

Otro caso del que podemos hablar es la suspensión del presidente de la SAE a manos de la Procuraduría. El "ente de control", de forma burda, pretende hundir la política del gobierno Petro frente a todo lo que compete a la SAE, desde los terrenos de los mafiosos y sus fortunas, hasta la participación en diversas empresas públicas como la Triple A. De esta forma se contempla, con toda claridad, que no existe ninguna imparcialidad y que la Procuraduría se encuentra completamente politizada y al servicio de la extrema derecha y de sus negocios privados a costa de lo público. Esto conlleva a una consecuencia directa y es la que este órgano ya no será de control, sino una herramienta para acabar a políticos adversarios. Aunque esto ya venía pasando, cada día será más grave y peligroso para la misma institucionalidad. Por eso no basta con quitarle el poder sobre los elegidos popularmente. Al convertirse en un tribunal de la inquisición derechista, es una amenaza para la República y la Constitución, un trampolín para el golpe de Estado con el que deliran algunos.

Ahora, pasemos al caso de la liberación de los presos políticos. Los "entes de control", en manos de la derecha, han hecho lo imposible por mantener encerrados a los manifestantes del Paro Nacional. Pretenden mantener el castigo ejemplar sobre aquellos privados de su libertad y la sociedad en general. Que el conjunto de los colombianos vean que el pecado de haber protestado contra el régimen de injusticia es imperdonable, aunque la izquierda esté en la presidencia. De paso, siguen ambientando el período de terror, al margen de cualquier Constitución, con el que sueñan para echar atrás lo poco que ha cambiado hasta ahora. No sería raro. Durante los golpes de Estado de Bolivia y Perú hemos visto cualquier tipo de crimen contra el pueblo por parte de los golpistas. La represión contra el pueblo por oponerse al derrocamiento del gobierno elegido en las urnas ha sido más que salvaje. No hay que pasar por alto que la extrema derecha en Colombia aplaudió ambos atentados contra la democracia de dichos países hermanos.

Para colmo de males (a forma de conclusión), la derecha ahora pretende que la Corte Constitucional y otros tribunales se politicen igual que los "entes de control" y actúen en contra de la voluntad popular, expresada democráticamente en las urnas. Así es, de ese tamaño es la falta de vergüenza. Esa derecha, que tanto atacó a la justicia, especialmente a la Corte Constitucional, hoy busca que estas le hagan el trabajo sucio. Hasta último momento intentará tumbar las reformas, aunque sea por la presión mediática sobre los altos tribunales. Ya lo está haciendo con la reforma a la salud. Pretende imponerle a la Corte Constitucional que la hunda bajo la presión de la opinión pública, a sabiendas de que será aprobada en el Congreso. Las marchas de la derecha contra el gobierno demostraron ser paupérrimas para poder intentar detener las reformas. Así que la derecha recurre, como siempre, a la vía antidemocrática. La lucha por las reformas no acaban en el congreso. De allí la importancia de la movilización popular.

Manuel Beltrán.