LA HUMANIDAD EMPIEZA EN PRISIÓN

La pandemia inició en Colombia con una masacre de presos. Después de eso, vino la época de mayor represión contra el pueblo en la calle (como la masacre del 9S). Ambas cosas estaban ligadas. Para mí, esto es lo más importante del texto Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión de Foucault, publicado en 1975: pensar en cómo la cárcel trasciende sus límites y moldea la sociedad que la edificó. El panóptico no solo es el mayor símbolo del control que se ejerce sobre el alma y el cuerpo de los prisioneros, también se levanta sobre los que están fuera de la cárcel y son libres. El castigo no es solo sobre el encarcelado, su principal función es evitar que otros sigan sus pasos. El control social de la cárcel opera adentro y afuera de sus instalaciones. De allí que una sociedad con centros carcelarios inhumanos, y que se convierten en lo que se conoce como universidades del crimen, sea violenta, represiva y degradada. Esta es la razón por la cual la derecha se opone a la reforma carcelaria propuesta por el gobierno. Tener cárceles con un sentido más humano lleva a construir una sociedad más justa y menos represiva, todo lo contrario a lo que quieren los reaccionarios.

Particularmente, en Colombia podemos abordar este tema a partir de un texto muy interesante: Secretos del Panóptico de León Gómez Adolfo. Escrito en 1905, es un testimonio de un preso político en medio de la época de la Regeneración conservadora, después de la Guerra de los Mil Días. Gómez, que estuvo preso por sus ideas, cuenta cómo el Panóptico de Santa Fe de Bogotá (hoy Museo Nacional) se convirtió en una maquinaria del régimen. Tras imponer la constitución de 1886, los conservadores crearon un aparato represivo, que utilizó la prisión como un método de terrorismo de Estado. En aquel testimonio se encuentran narrados todo tipo de abusos y vejámenes contra los presos por su filiación política o por venganzas personales. Al ser un Estado confesional, se encerraba a la gente por motivos religiosos. Y esto se reflejaba en el exterior, con una sociedad sumamente apaciguada, retardataria, donde la libertad era limitada y la religión imperaba. A la derecha no le gusta los avances de la Constitución del 91 al respecto, mucho menos le va gustar la reforma carcelaria del primer gobierno popular.

La iniciativa del ejecutivo consiste en crear un aparato penal que sí cumpla su función restaurativa y reformadora, en vez de ser un instrumento de deformación social. Para esto, el primer paso debe ser acabar el brutal hacinamiento. La derecha quería resolverlo mediante la creación de más cárceles y la privatización del sistema penitenciario, al estilo de EEUU, donde el Estado le paga a unos privados para que hagan negocios a costa de los detenidos. Por eso necesitaban tanto preso, por cualquier motivo, sin llevar a cabo mejoras sociales. El actual gobierno ha optado por dejar la persecución y elegir la inclusión mediante los avances sociales. Por eso ha decidido levantar la pena de cárcel para delitos que no lo merecen. Por ejemplo, el incesto. La derecha, desde su visión conservadora, pretende seguir judicializando cuestiones privadas, bajo prejuicios religiosos. El incesto no es pedofilia, sino una relación entre dos adultos familiares, consentida por ambos. Pero la derecha quiere seguir imponiendo prejuicios religiosos en la política de justicia del país. Otro caso es el de la manutención de los hijos, que implica cárcel al incumplirse en la actualidad. Esto lo único que genera es que el padre se quede sin ingresos y el hijo se quede definitivamente sin ayuda. Se debe buscar otras sanciones que no terminen afectando a los niños.

El gobierno de cambio no le interesa construir más cárceles como negocio. Lo que quiere es mejorar las condiciones de existencia de los seres humanos privados de su libertad. También busca penas alternativas y metodologías que ayuden a resocializar a los detenidos, con lo cual se combatiría el hecho de que las cárceles en Colombia funcionen como universidades del crimen y extensiones del poder mafioso. Para eso ha planteado que los presos puedan salir a realizar actividades laborales por fuera del centro carcelario. También le interesa ampliar la oportunidades de estudios. Con todos estos aspectos, se mejora la calidad de vida de los privados de libertad, se alejan del crimen y no se desvinculan totalmente de la sociedad. Obviamente, a la derecha todo esto le parece un sacrilegio. Desde su visión arcaica, no comprende que un detenido tenga derechos y que haya otras alternativas al encierro brutal. Si la derecha no ha sido capaz de garantizar los derechos a los ciudadanos libres, mucho menos lo hará con los presos. Y este es el problema de fondo para los enemigos de la reforma: si los presos tienen derechos, los que no lo son tendrán mayor convicción para reclamarlos. No es con cárceles infrahumanas que un sociedad progresa. Es al contrario. Si sus prisiones son dignas, la sociedad tendrá un nivel de vida más elevado.

A la derecha no le interesan los derechos, sino ampliar sus privilegios. Es cierto que en las cárceles debe haber un castigo o una acción que implique justicia, pero lo que busca la derecha es imponer su dominación. Lo que admiran de El Salvador no es la reducción de los homicidios; eso es propaganda. Lo que les interesa es abolir garantías constitucionales, el poder sobre todos los órganos del Estado, el poder perseguir y encarcelar sin orden judicial y sin el debido proceso. Lo que les gusta es la dictadura de extrema derecha, no importa cuántos falsos positivos judiciales puedan haber o cuántos abusos se cometan en una prisión. Así no se protege a los ciudadanos. Al final, lo que se termina es persiguiéndolos, sospechosos de ser otro objetivo por sacar del camino. No hay justicia si el Estado actúa peor que la mafia. Aquí la derecha delira con aplicar la misma barbarie a los presos políticos, por eso se oponen a su liberación. Para ellos la justicia es un instrumento de sus ambiciones.

La reforma carcelaria y a la justicia implica enfrentar la guerra judicial que ha desatado la derecha contra el cambio y la Paz Total. La oposición está empecinada en mostrar al gobierno como cómplice de los grupos al margen de la ley y de narcotraficantes, cuando fue Duque el que recibió dinero de los narcos. El ladrón juzga por su condición. El problema es que el gobierno quiere edificar un sistema de justicia más justo y la derecha solo quiere usar la justicia para volver al poder a cualquier costo. Por esta razón se dan los montajes contra el entorno del presidente. Sin embargo, la mentira tiene patas cortas y no han mostrado ninguna prueba. De nuevo han quedado como mentirosos redomados. Se nota una obsesión enfermiza de la derecha por equiparar a Petro con Samper de manera forzada, aunque sea con cualquier chisme sin fundamento. El plan es vincular al gobierno con estos actores ilegales para que no pueda cambiar la política criminal ni el sistema penal ni se den los sometimientos de organizaciones armadas. Fracasarán. Los montajes caen uno por uno. La paz y el progreso necesitan obligatoriamente un cambio estructural en la justicia colombiana.

Manuel Beltrán.