LA HUELGA DE LA OLIGARQUÍA

La primera temporada de columnas de El Latinoamericano culminó con La explosión descontrolada, en la que se exponía que la oligarquía, o por lo menos su facción más extremista, había abandonado la opción de cooptar al gobierno desde adentro y se adentraba enteramente en la ruta golpista. ¿Es coincidencia, entonces, que esta segunda temporada inicie con La huelga de la oligarquía? Por supuesto que no. Ese paro oligárquico que padeció el país hace unas semanas significó en la práctica un paso más en esa vía sediciosa que lleva a cabo la extrema derecha del país, como brazo político de la oligarquía más rancia. La explosión, más que descontrolada, resultó bastante débil, pues solo duró tres días, sin embargo, dejó lecciones muy importantes. La primera de todas fue la ya reiterativa incapacidad de la oligarquía y la derecha para reinventarse. Esa huelga de la élite estaba cantada, un déjà vu del paro "cívico" que obligó a Rojas Pinilla a renunciar y que solo tenía el objetivo de ambientar otros recalentados: el juicio político al mismo estilo Rojas o Samper por el cuento de los topes de campaña de 2022 o la renuncia por bloqueo "institucional" como pasó con López Pumarejo. De allí que el mal llamado paro camionero durara tan pocas jornadas. Una jugada tan repetida acabó fracasando.

Mientras los partidos políticos de la derecha pretendían violar la Constitución apostados en el CNE, con un pretendido enjuiciamiento ilegal al presidente de la República; los medios y sectores golpistas de la oligarquía comenzaron a ambientar la parálisis del país. Empezaron con las aerolíneas que, súbitamente, inventaron una crisis inexistente de combustible. Desde ese momento fue evidente que el plan consistía en desestabilizar al país, bloquearlo, para así justificar el derrocamiento de un gobierno arrinconado con un juicio "político" violatorio de la Constitución. El gobierno supo reaccionar con efectividad y, con el uso de las instituciones, dejó en evidencia la conspiración que presagiaba muchas más. Fue una primera derrota para la oligarquía, que no captó el mensaje que le enviaba la realidad. Seguía la derecha promocionando como juicio político un golpe de Estado, al pasarse por la faja el fuero presidencial del presidente para, posteriormente, cercenar la voluntad popular. Como no bastó el bloqueo legislativo para frenar las reformas, la derecha desató el golpismo importado de Venezuela, que consiste en bloquear y destruir al país, antes que permitir la existencia y desarrollo de un gobierno de corte popular, pese a las contradicciones que este pueda tener en su interior. La aprobación de la reforma pensional hizo que la oligarquía más derechista perdiera la cabeza.

A falta de pueblo, la derecha recurrió a los grandes camioneros como los encargados de bloquear al país, una táctica para hacer mucho daño con poco apoyo. También se dio de este modo porque así estaba programado desde la dictadura de Duque. El déficit causado por el subsidio a los combustibles fue una de las bombas de tiempo que dejó la derecha antes de salir de la presidencia, junto a otras como la deuda externa. Para la derecha este escenario significaba la oportunidad de camuflar como una causa del pueblo sus ambiciones por retornar a la cabeza del poder político del país, el ejecutivo nacional. Sin embargo, la conspiración se fue desbaratando rápidamente, ya que el pueblo no se dejó engañar. El subsidio no era para el pueblo, sino para las grandes empresas transportadoras y los camiones de las compañías de la oligarquía criolla y transnacional. No se trataba de un reclamo justo, sino la ambición de una élite incapaz de respetar la voluntad de las urnas. El pueblo fue testigo de las siguientes escenas: camiones de Coca Cola bloqueaban las vías, Transmilenio y el Sitp escondían los buses, pequeños camioneros eran violentados por trabajar y no sumarse a los golpistas, etc. Era evidente que no era un paro del pueblo, sino en contra del pueblo. Sin apoyo popular, se disolvió en pocas jornadas.

Que el país haya resistido este embate y se haya mantenido la paz y la estabilidad se debió principalmente a la consciencia del pueblo, que no se dejó manipular para sumarse a su propia destrucción. Los acérrimos contradictores del gobierno se molestaron bastante cuando el presidente develó la compra ilegal de Pegasus por parte de la dictadura de Duque. Dijeron que se trataba de una cortina de humo para tapar lo del paro oligárquico. Pero no era algo tan simple. En el fondo se trataba de comparar las dos visiones de país en concreto. Por un lado, el verdadero estallido popular, que fue salvajemente reprimido; incluso se espió a los manifestantes para perseguirlos y cazarlos. Por otro lado, un gobierno salido de ese mismo estallido del pueblo, que ha sido cercado por todos lados, por una oligarquía que protestaba por el egoísmo de mantener para sí un subsidio pago por todos los colombianos. Tan evidente es la diferencia, que el gobierno popular no tuvo que usar ni una sola bala para acabar la huelga de la élite, que fue derrotada en la misma lucha de clases que planteó.

No obstante, pese a la nueva victoria popular, la conjura de la oligarquía no ha cesado. El bloqueo sigue latente, aunque por el momento los golpistas hayan desistido en sus delirios de juzgar al presidente desde el CNE. La no aprobación del presupuesto nacional, presentado por el ejecutivo al congreso de la República, demuestra una vez más la mentalidad de la derecha: si no pueden tumbar al presidente, le impedirán gobernar. Más grave aún es el sabotaje de la derecha al pago de la deuda externa, otra de las bombas de tiempo que dejó el fascismo antes de ser derrotado. La comisión que debe aprobar el monto a pagar por el gobierno en el exterior no ha querido reunirse para aprobarlo, por lo que el país podría entrar en un estado de impago inducido de manera artificial por la oposición, lo que traería innumerables problemas a Colombia, que pretenden ser achacados al ejecutivo. Como no funcionó el bloqueo legislativo ni en la calle, los golpistas optaron por el bloqueo económico. El pueblo debe comprender que su lucha ya no es contra el Estado o el gobierno, que antes era propiedad privada de la oligarquía; ahora la lucha es por el Estado y el gobierno, las herramientas capaces de equilibrar las enormes injusticias que ejerce la oligarquía sobre el pueblo, en el país más desigual del planeta, como señaló la Oxfam en su último informe.

Manuel Beltrán.