EXTERMINIO: LA UP

¿Fue casualidad que solo se permitiera el cambio de constitución, en 1991, hasta que el exterminio contra La UP (el gran partido de izquierda en ese momento, con un masivo respaldo popular) estuvo consumado? Otros interrogantes: ¿Por qué se repitió este genocidio, pero en forma de falsos positivos, si habíamos alcanzado la supuesta perfección en materia constituyente? ¿Qué diferencia existe, entonces, entre el estatuto de seguridad de Turbay y la seguridad democrática de Uribe? Lo primero es hacer un poco de memoria. El gobierno de Barco, acusado históricamente de cometer aquel horrendo crimen de Estado sistemático contra La UP, no perdió las elecciones de 1990; de hecho, las ganó. Gaviria no fue una mera casualidad, pues fue el ministro de hacienda y, luego, ministro de interior de Virgilio Barco. Pero después del asesinato de 4 candidatos presidenciales, resultó como el vencedor y el elegido por la oligarquía y EEUU para cambiar la constitución centenaria de Núñez, completamente obsoleta. Nada mejor para el antiguo régimen, que había cometido el más brutal de los exterminios, lavarse las manos, cambiarse los ropajes y presentarse como una democracia ejemplar.

El antiguo régimen no solo buscó limpiar sus crímenes políticos, también su asociación innegable con la mafia y el narcotráfico. Los grupos de asesinos que acabaron con la vida de miles de militantes de La UP tuvieron una relación con el Estado colombiano, que nadie puede ocultar a estas alturas. La mafia puso los sicarios y estos pactaron con el Estado su impunidad, en medio de las vendettas con Pablo Escobar. Estamos hablando de lo Pepes. De esta alianza, antecedente del paramilitarismo contemporáneo, se pasó a las convivir. La relación entre grupos ilegales y la fuerza pública se elevó al nivel más alto en materia militar. El resultado fueron masacres y desplazamientos forzados, como en la época de la antigua constitución, más exactamente en la época de La Violencia. Después, esa alianza llegó a la cabeza del Estado e impuso su barbarie como política nacional. El exterminio volvió a ser sistemático, esta vez, contra cualquiera que pudiera presentarse como una falso positivo. La diferencia entre el estatuto de seguridad de Turbay y la seguridad democrática de Uribe es que esta última fue más letal.

A propósito de este tema, es bueno recordar el texto del colombiano Juan Montes Hernández: La Constituyente: ¿una contrarrevolución preventiva?, donde analiza la propuesta de constituyente limitada de López Michelsen, histórico represor del pueblo trabajador. La oligarquía fue la primera en proponer una constituyente para dejar atrás la de 1886, premoderna y estorbosa para el nuevo mercado mundial, que se abría paso con el auge del neoliberalismo. Desde la década del setenta, la oligarquía tenía esta meta, para evitar volver a recurrir a una dictadura militar, después de la experiencia agridulce con Rojas Pinilla. Lo mismo ha pasado en la actualidad; fue la derecha, que ahora se rasga las vestiduras, la primera en proponer una asamblea constituyente, pues sabía de sobra que había roto la Constitución del 91 con la reelección de Uribe y el exterminio de los falsos positivos, más los procesos de paz. Ahora que la propone el pueblo, no le gusta, prefiere quedarse con la inviabilidad del sistema y recurrir a una salida inconstitucional, una verdadera dictadura fascista.

Ante la caducidad del sistema, Montes Hernández señala que la oligarquía había encontrado en la figura de Estado de sitio la fórmula para no recurrir a los militares, pero se necesitaban las reformas del sistema para poder enfrentar el descontento creciente de la población. Montes indica que a la oligarquía se le devolvió la jugada del paro cívico que había empleado para tumbar a Rojas Pinilla, el gran Paro Cívico del 77 así lo demuestra. Por otro lado, la configuración política del país no funcionaba a nivel territorial, el centralismo de la constitución de 1886 era otra cuestión inviable. Es decir, a nivel social, político y administrativo las reformas era imprescindibles, pero la oligarquía quería las suyas, no para mejorar sino para reprimir con mayor sevicia. Tal cual pasa hoy en día. La oligarquía sabe que las reformas en la actualidad son más que necesarias y urgentes. Pero no quiere las reformas que eligió el pueblo, quiere mejorar la capacidad para dominarlo, pero no aliviar sus condiciones reales de vida.

Montes Hernández también expone que una constitución es la traducción en lo legal de la práctica diaria de una sociedad, es decir, de su modelo de producción y del sistema económico que se deriva de este. De allí el afán que tenía la oligarquía por renovar la constitución de 1886, para revalidar su dominio sobre la población colombiana. Pero la oligarquía supo esperar hasta que La UP fue sacada del camino mediante el secuestro, la tortura, la desaparición y el asesinato masivo. Entonces, la oligarquía se puso el disfraz democrático y modernizó su aparato de dominación, con una constitución más acorde al neoliberalismo. Ahora, que el presidente ha propuesto una nueva constituyente se oponen, porque saben que esta vez (como hubiera pasado con La UP) hay un pueblo consciente que luchará por ampliar sus conquistas sociales mediante una convocatoria de corte popular.

La oligarquía, por lo tanto, sabe que el cambio de constitución será inevitable. Pero hará todo lo posible para retrasarlo, para que el momento del cambio verdadero pase y lleguen los tiempos del maquillaje. Mientras tanto está dispuesta a emplear métodos de excepción, no importa que la represión se eleve a niveles demenciales o que esta vez se tenga que emplear la bota militar. Esta actitud se evidencia en el constante sabotaje a las reformas de cambio, en las innumerables conspiraciones para tumbar al gobierno popular, en la guerra judicial para tumbar los decretos o las personas electas por el voto. De hecho, se extiende la amenaza contra la militancia del Pacto Histórico para dejar al pueblo sin opciones políticas. La persecución contra Fuerza Ciudadana, por ejemplo, evoca los inicios de lo que se hizo contra La UP. Por ello, es imperativo que el pueblo tome el destino en sus manos. La Constitución del 91 comienza a ser tan utópica e inoperante en la práctica, que empieza a parecerse a la de 1863, que solo satisfacía el dogmatismo de una élite liberal, alejada del pueblo. Si el pueblo no toma la iniciativa esta vez, se repetirá la historia y serán los reaccionarios los que cambien la constitución a sangre y fuego, como pasó con Núñez en 1886. El pueblo no puede bajar los brazos en estos instantes; no debe perder la iniciativa. La mejor forma de conmemorar a La UP es derrotando a los verdugos de hoy.

Manuel Beltrán.