EXTERMINIO: EL AUTOGOLPE DEL 85

Si revisa los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la guerra en Colombia, el lector podrá encontrar que uno de los crímenes más brutales es el de la desaparición forzada. Sus víctimas, familiares que nunca podrán concluir con el duelo, cuentan cómo se da este doble castigo, que solo se acaba hasta el hallazgo de los restos de sus seres queridos, cosa que no siempre sucede. Es una herida abierta que nunca puede sanar; un luto perenne que consume la existencia de aquel que espera el retorno de su ser amado; muerte en vida donde la existencia pierde la esperanza, donde los sueños se convierten en tormentos. No es raro, entonces, que este crimen haya sido empleado en el autogolpe del antiguo régimen en 1985, más conocido como la toma y retoma del Palacio de Justicia. Ese día desaparecieron a decenas de personas inocentes y que no tenían nada que ver con la guerrilla del M-19. El objetivo no solo era deshacerse de esas personas; el objetivo también consistía en castigar a toda la sociedad; dañar de tal forma el inconsciente colectivo, para que el país desarrollase un trauma violento y aceptara la imposición de un narco Estado con todas sus letras. Ese día asesinaron y desaparecieron a los magistrados incómodos al poder criminal e impusieron, a sangre y fuego, un modelo mafioso con total descaro.

En los últimos meses se han desclasificado varios documentos de Estado de los EEUU, que tratan sobre estos temas en Colombia y vienen a comprobar las tesis expuestas en esta saga, a la que denominé EXTERMINIO. Por un lado se comprobó en vínculo del narcotráfico con expresidentes como Turbay o Michelsen. En el caso que tratamos en este ensayo en particular, también se desclasificó conversaciones entre Betancur y Reagan sobre la retoma del palacio. En estas llamadas, que quedaron transcritas, se evidencia que el expresidente colombiano no fue víctima de una conspiración que pasó por encima de su voluntad. Queda claro que las decisiones tomadas contaban con su entera aprobación. Es impresionante, a primera vista, la actualidad de la conversación; cualquiera diría que hace parte de la época de la lucha antiterrorista que vino con el derribo de las Torres Gemelas: una amenaza terrorista que intentó asaltar la democracia, cosa que se evitó con toda violencia y sin importar los daños colaterales. También se conoció en estos meses, a través de RTVC, que agentes estadounidenses actuaron y prestaron explosivos para la retoma del Palacio de Justicia. Este despliegue, que parece haber sido preparado de antemano, reavivó la idea de que todo fue orquestado por el mismo Estado colombiano, que permitió la toma del M-19 a propósito para llevar a cabo un "holocausto" o, mejor dicho, un autogolpe.

Curiosamente, pese a tener información de inteligencia sobre los planes de la guerrilla del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia, las fuerzas de seguridad no reforzaron los controles, sino que hicieron todo lo contrario. Prácticamente, dejaron la puerta abierta, como si se tratara de la más perversa de las emboscadas. Esto se entiende mejor cuando se analiza el contexto de la época. El gobierno de Belisario Betancur había generado grandes esperanzas por la posibilidad de paz, ante un pueblo que estaba agotado de la brutal represión de Michelsen y Turbay. El autogolpe del 85 acabó con ese proceso, recrudeció la guerra y desató la parte más sanguinaria del exterminio contra La UP. Por su parte, el M-19 perdió una batalla moral crucial; la simpatía que había despertado por sus operaciones simbólicas y espectaculares ya no sería la misma. El antiguo régimen consiguió que nada cambiara o, por lo menos, logró que los cambios fueran en sus términos. Ya lo hemos dicho, solo aceptaron el cambio constitucional hasta que el exterminio de La UP estuvo consumado y el M-19 fuera diezmado con el magnicidio de Carlos Pizarro.

La imagen de los desaparecidos del Palacio de Justicia, que fueron sacados con vida y luego desaparecidos de manera forzosa, se empleó en un inicio para criminalizar a cualquiera que cuestionara al narco Estado que acababa de ampliar su hegemonía. La guerrilla del M-19 fue acusada por esos crímenes y solo se vino a conocer la verdad con el tiempo, cuando evidencia gráfica pudo establecer que muchos de los desaparecidos habían salido con vida del palacio. En ese momento, el antiguo régimen no asumió la responsabilidad por sus crímenes, sino que los justificó y siguió culpando de todo a ese eterno enemigo interior. La figura del desaparecido se convirtió en prueba fehaciente del terrorismo de Estado, de la opresión de un sistema en el que las élites están dispuestas a cualquier exceso. La llamada toma del Palacio de Justicia no fue más que un autogolpe de Estado para normalizar e instaurar la hegemonía de la mafia en el mismo Estado. Ese régimen gobernó en esta fase por más de treinta años; el país jamás conoció tal nivel de barbarie. Ese mismo régimen mafioso, que no se resigna a perder el poder, es el que impulsa un nuevo golpe desde las sombras, a través del odio, la violencia fascista y la manipulación mediática. Los llamados a juicios políticos contra el presidente, basados en montajes mediáticos, y la instrumentalización de una población desinformada, constituyen un plan para validar cualquier conspiración golpista. El país está a la espera de cuál será la respuesta del pueblo este 1 de mayo en la movilización programada para respaldar al gobierno popular. La historia dirá si esta vez el pueblo mantiene o pierde las esperanzas por un nuevo país.

Manuel Beltrán.